# ¿Para quién debe funcionar la economía?
En Colombia hemos visto durante décadas cómo una parte importante de la política tradicional ha defendido modelos económicos mucho más cercanos a los grandes capitales que al ciudadano de a pie. Escuchamos constantemente hablar de las pérdidas de las grandes empresas cuando baja el dólar, de la preocupación de los mercados cuando se afectan determinados intereses empresariales y de los supuestos riesgos que aparecen cuando un Gobierno intenta mejorar las condiciones laborales o aumentar los ingresos de los trabajadores.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, buena parte del debate público estuvo acompañado de titulares fatalistas: crisis, incertidumbre, miedo, fuga de capitales, destrucción empresarial y un país que, según algunos discursos, parecía estar permanentemente al borde del colapso.
Y, sin embargo, la realidad también mostraba otras imágenes: centros comerciales llenos, comercio activo, emprendimientos vendiendo, un sistema financiero generando importantes utilidades y grandes compañías continuando sus operaciones y obteniendo ganancias.
Esto, por supuesto, no significa que Colombia no tuviera problemas fiscales, económicos o sociales. Los tuvo y los sigue teniendo. Tampoco significa que un centro comercial lleno sea suficiente para medir la salud de una economía.
Pero sí debería llevarnos a preguntarnos algo:
¿Realmente estábamos frente al desastre económico que algunos anunciaban todos los días, o parte de la inconformidad provenía de que ciertos sectores ya no podían obtener las mismas ventajas, beneficios y niveles de rentabilidad a los que estaban acostumbrados?
Y surge otra pregunta todavía más incómoda:
¿Será que hasta el aumento del ingreso de un trabajador resulta excesivo para quienes consideran normal que las mayores ganancias se concentren siempre en los mismos?
Por eso preocupan algunas propuestas que vuelven a aparecer en el debate económico nacional.
Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, ha defendido públicamente la idea de ampliar la base de personas naturales que pagan impuestos y, al mismo tiempo, reducir la tarifa de renta de las empresas.
Y ahí es donde vale la pena detenernos.
Porque hablar simplemente de bajar impuestos a “las empresas” puede sonar atractivo. Yo también creo que Colombia necesita proteger a sus empresas, fomentar la inversión y generar empleo.
Pero ¿de qué empresas estamos hablando?
¿De la tienda de barrio?
¿Del emprendimiento familiar?
¿De la pequeña empresa que intenta sobrevivir pagando arriendo, nómina, seguridad social, servicios e impuestos?
¿De la pyme que genera cinco, diez o veinte empleos?
¿O de los grandes conglomerados económicos con patrimonios y utilidades de miles de millones?
No deberían tratarse como si fueran lo mismo.
Una verdadera política de fortalecimiento empresarial debería aliviar especialmente a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendimientos y a quienes generan empleo desde los territorios. Lo preocupante sería reducir progresivamente la carga de quienes poseen una enorme capacidad económica mientras el recaudo faltante termina trasladándose, directa o indirectamente, a millones de familias.
Porque cuando se habla de “ampliar la base tributaria”, debemos preguntar inmediatamente:
¿Hasta dónde? ¿A quiénes? ¿Con qué ingresos? ¿Bajo qué condiciones?
No puede convertirse en un elegante término técnico para terminar cobrando más a quienes tienen menos capacidad económica mientras quienes poseen grandes patrimonios reciben alivios.
Y entonces aparece una pregunta que va mucho más allá de la economía:
¿En qué momento dejamos de hablar de personas y empezamos a hablar únicamente de cifras?
Detrás de cada decisión tributaria hay familias.
Hay personas intentando pagar un arriendo.
Hay madres y padres preocupados por alimentar a sus hijos.
Hay trabajadores esperando que el salario alcance hasta final de mes.
Hay pequeños empresarios tratando de conservar los empleos que generan.
Hay emprendedores levantándose todos los días intentando que un negocio sobreviva.
Por eso la discusión no puede reducirse simplemente a decir que “las empresas no soportan más impuestos”.
Las familias tampoco soportan indefinidamente más cargas.
Los pequeños empresarios tampoco.
Los emprendedores tampoco.
Los trabajadores tampoco.
Una sociedad necesita empresas fuertes, inversión privada y empresarios que puedan crecer y generar riqueza. Eso es indiscutible. Pero también necesita que esa riqueza tenga una función social, que existan oportunidades, salarios dignos y un sistema tributario realmente progresivo: quien tiene menos debe aportar proporcionalmente menos y quien posee mucho más debe tener una responsabilidad mayor con la sociedad que hizo posible esa riqueza.
No se trata de enfrentar empresarios contra trabajadores.
Se trata de preguntarnos qué modelo de país queremos construir.
Uno donde el éxito de la economía se mida únicamente por cuánto aumentó la fortuna de quienes ya tienen enormes patrimonios, o uno donde también podamos celebrar que un trabajador coma mejor, que una familia tenga más tranquilidad, que una pequeña empresa pueda crecer y que un emprendedor tenga una oportunidad real de salir adelante.
Porque cuando mejorar un poco la vida de quienes tienen menos empieza a considerarse una amenaza, mientras aumentar las ganancias de quienes tienen más se presenta como una necesidad económica, quizás el problema ya no sea solamente tributario.
Quizás sea una discusión sobre empatía, justicia y humanidad.
Y esa es la discusión que Colombia merece tener.